Dulces rellenos de cocaína

La Policía Nacional ha intervenido en el Puerto de Valencia más de 17 toneladas de panelas, un dulce típico de Sudamérica elaborado con azúcar de caña, que estaba relleno de cocaína, con un peso estimado de droga cercano a los 230 kilos.

El cargamento había llegado en un contenedor al puerto de Valencia procedente de Colombia y su destino final era el macrolaboratorio clandestino localizado por la Policía Nacional en Daimiel (Ciudad Real) a finales de octubre.

En la primera fase de la ‘operación Las Tablas’, los agentes desmantelaron una planta de cocaína ubicada en una granja que producía semanalmente más de 50 kilos de droga y detuvo a once personas.

La cocaína era introducida en España vía marítima oculta en sacos de cacao en polvo procedente de Venezuela. En la segunda fase de la operación, la Policía ha investigado la empresa importadora del cacao utilizado para ocultar la droga y ha detenido a la administradora de la compañía. Así han localizado otro contenedor en el puerto de Valencia, procedente en esta ocasión de Colombia pero que era importado por la misma empresa. En total, se han intervenido 18 palés con un cargamento aproximado de 34.000 piezas de panelas.

Especialistas de la Comisaría General de Policía Científica realizaron un muestreo de la carga y tras los análisis en el laboratorio se detectó la presencia de cocaína en al menos 526 tabletas de dulce, con un peso total de 270 kilos.

Ahora, el Laboratorio Químico procederá a la cuantificación de la cocaína existente en cada dulce y realizará el cómputo de las panelas en las que se presume presencia de cocaína para así determinar la cantidad final de cocaína introducida que podría rondar los 230 kilos de droga.

En la segunda fase han participado agentes de la Brigada Central de Estupefacientes, la Comisaría General de Policía Científica y la Comisaría Provincial de Ciudad Real. La ‘operación Las Tablas’ no ha concluido y no se descartan nuevas detenciones.

Uno de los detenidos con 800 gramos de speed alega consumo propio
La defensa alega que sólo un perito analizó la sustancia
El procedimiento del sumario requiere un informe de dos peritos

Fernando C.G., uno de los dos acusados de un delito de tráfico de drogas por el que se enfrentan a diez años de prisión cada uno, reconoció este jueves que viajó hasta la ciudad de Lérida a comprar más de 800 gramos de speed pero alegó que era para su consumo porque era toxicómano desde hace 12 años y consumía “de todo menos heroína”. “Me drogaba hasta para ir a trabajar”, agregó.

Fernando C.G. y Juan Manuel R.F. se sentaron en el banquillo en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valladolid por unos hechos que tuvieron lugar en enero de 2008 cuando fueron detenidos en el marco de un control antiterrorista en la carretera N-122, a la altura del término municipal de Sardón de Duero, y sorprendidos con la droga oculta en el hueco del altavoz del vehículo en el que viajaban, que conducía Fernando, propietario del mismo.

Los dos acusados coincidieron en exculpar a Juan Manuel, quien aseguró que no sabía nada de la sustancia y que acompañó a Fernando a Lérida porque quería ver un coche que le habían ofrecido a muy buen precio. También ratificó que su compañero de viaje ese día era consumidor habitual de todo tipo de drogas.

Sin embargo, los agentes de la Guardia Civil que participaron en el citado control sostuvieron que ambos se mostraron muy nerviosos cuando les dieron el alto. Es más, uno de los testigos, dijo que pensaron que había un coche lanzadera que pasó justo antes que ellos, pero no pudieron demostrarlo.

La prueba pericial
Por su parte, uno de los dos peritos que comparecieron este jueves a la Sala confirmó la sustancia analizada y su pureza, mientras que el otro sólo pudo ratificar el método seguido para ratificar el informe realizado por su compañera, ya que no participó en su elaboración.

Por este motivo, el abogado de Fernando C.G. pidió la absolución de su defendido al entender que no existe prueba de cargo ya que en un sumario, como es este procedimiento, es necesario un informe de dos peritos. No obstante, de manera alternativa en el caso de que la Audiencia estime su culpabilidad reclamó una pena de tres años por darse la circunstancia atenuante muy cualificada de toxicomanía y una multa de 20.900 euros.

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Piden que el alcohol sea agravante en casos de violencia de género

La subcomisión del Congreso de los Diputados que ha estudiado la posibilidad de mejorar la Ley Integral contra la Violencia de Género ha recomendado al Gobierno, entre otras cosas, que el hecho de actuar bajo los efectos del alcohol o de las drogas no sirva para reducir la condena sino, por el contrario, que se considere una agravante.

Esta es una de las recomendaciones más novedosa incluidas en el informe que ha realizado esa subcomisión, tras nueve meses de trabajo en los que ha escuchado las opiniones de numerosos especialistas en esta materia.

La subcomisión también recomienda que la persona que sea condenada en firme por un delito de violencia de género pierda la patria potestad y el derecho a visitar a sus hijos.

Todos los grupos parlamentarios han coincidido en que esa ley ha sido muy positiva en la lucha contra la violencia de género –en su día fue aprobada por unanimidad–, pero también consideran que sus cuatro años de vigencia han permitido comprobar que debe ser mejorada.

En ese sentido, en el informe que aprobaron se incluyen medidas encaminadas a reforzar esta materia en la enseñanza y formar más al profesorado, garantizar la asistencia a las víctimas desde el primer momento, proteger a los hijos y aumentar el número de policías y jueces dedicados a la lucha contra la violencia de género, entre otras.

Asimismo, en el informe se recomienda estudiar una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, porque en la actualidad la mujer no está obligada a declarar contra su marido y ese derecho legal, cuando es ella la víctima, en ocasiones se vuelve en su contra por la interpretación de algunos jueces.